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Gobierno y CCAA aprueban el reparto de 88 millones para inversiones en el sector vitivinícola

Gobierno y CCAA aprueban el reparto de 88 millones para inversiones en el sector vitivinícola

Requena (09/10/18) Fuente agroinformacion.com

El Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado la lista definitiva de solicitudes de ayuda para inversiones del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español, que supone el compromiso de algo más de 88 millones de euros.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha informado este lunes 8 en un comunicado de que este ha sido uno de los asuntos abordados en la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas.Sector-Vitivinícola-300x200

Ha detallado que suponen 56 millones de euros y 32,2 millones de euros correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), respectivamente. Estas ayudas al sector vitivinícola se incluyen dentro de la primera convocatoria de este programa que abarca desde 2019 a 2023.

Por otro lado, en la reunión se ha aprobado el nuevo Plan Nacional de control de la legalidad de la madera comercializada que actualiza el de 2015 y reduce las cargas administrativas, a partir de un mejor ajuste del número de controles sobre los agentes, de acuerdo con un análisis basado en el riesgo.

Este plan incluye una participación activa de los equipos del Seprona de la Guardia Civil en la realización de los controles, en las comunidades que así lo soliciten.

Así, la continuidad de los controles y la adecuación a los nuevos datos permitirán mantener la coordinación entre las comunidades autónomas y el Ministerio para lograr los objetivos del Reglamento de la Unión Europea en esta materia y permitirá informar “correctamente” a la Comisión Europea, tal como exige la normativa comunitaria.

También se ha informado en el encuentro sobre las bases reguladoras de las ayudas a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional, que periódicamente otorga el MAPA.

Se ha acordado la elaboración de un Real Decreto el año que viene que recoja la gestión compartida de las ayudas con las comunidades autónomas, sin que esto implique la aportación de fondos autonómicos.

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