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EL OBSERVATORIO DEL TEJO / JULIÁN SÁNCHEZ

Durante los últimos tiempos, y en épocas preelectorales todavía mucho más, estamos asistiendo a una representación virtual de las diferentes propuestas económicas protagonizadas por los diferentes partidos políticos, las cuales distan profundamente en orden a su verosimilitud y posibilidad, de llegar a ser aplicadas y, no únicamente eso, sino que, de realizarse, es posible que sus consecuencias pudieran ser de características más que preocupantes.

De momento Bruselas acusa a España de no haber tomado medidas efectivas para corregir el exceso de déficit público y, como consecuencia de ello, sobre España se cierne la amenaza de una multa de hasta el 0,2% de su PIB porque la UE ha endurecido el Pacto de Estabilidad (unos 2.000 millones de euros de nada). Por esta causa, España se ve ahora abocada a padecer los efectos de dicha sanción como consecuencia de un derrape presupuestario no controlado en 2015 que Bruselas achaca en gran parte al despilfarro previo a las elecciones generales del 20 de diciembre. Estas son las consecuencias de las aplicaciones de la política ficción a los pretendidos rendimientos electorales.

Pero aquí no afloja nadie, ni el gobierno con su partido, ni los distintos partidos políticos a derecha e izquierda del espectro nacional, ni mucho menos en el autonómico. Todos claman por una mayor financiación que facilite sus ofertas de carcasas de fuegos artificiales, y abominan de las políticas de austeridad que preconiza la UE, sin tener en cuenta que este es un amargo cáliz, del cual ya bebieron en su día otros cuatro países de la zona euro (Alemania, Francia, Grecia y Bélgica) y otros cuatro de la UE (Hungría, República Checa, Polonia y Reino Unido), claro que estos, mayoritariamente, excepción hecha de Grecia, hicieron bien sus deberes.

Aunque, de momento, la sanción pueda ser aplazada como consecuencia de que Bruselas es partidaria de dilatar el calendario a efectos de que el anuncio de su imposición no coincida con la campaña del referéndum en Reino Unido (el 23 de junio) sobre la continuidad de ese país en la UE. Bruselas tampoco quiere que el castigo al Gobierno de Mariano Rajoy se haga público en plena campaña para las elecciones generales del 26 de junio.

Caso de producirse, la multa sería definitiva y no recuperable. Si no se reduce a cero (la reducción se produciría si el organismo sancionador aceptase las alegaciones de España al respecto), el montante deberá pagarse a la Comisión que se lo transferirá al fondo de rescate de la zona euro (MEDE), un organismo al que España todavía adeuda casi 35.721 millones de euros por el préstamo concedido para la reestructuración del sector financiero.

Pero sus consecuencias pueden alcanzar todavía mucha más gravedad, por efectos de que el castigo también puede suponer la suspensión parcial de los fondos europeos para España a partir del próximo 1 de enero, tanto de los estructurales, como de los agrícolas (PAC). Bruselas puede congelar hasta el 50% de los compromisos de pago (es decir, de los fondos comprometidos, pero todavía no presupuestados) hasta que se dé por satisfecha con las medidas que adopte para controlar el déficit. A diferencia de las multas, ese castigo también se puede aplicar a los países que no pertenecen al euro (salvo al reino Unido) y ya se utilizó con Hungría en 2012.

Pero no únicamente el gobierno y su partido están jugando con fuego en referencia a la viabilidad de nuestro futuro económico, por lo que estamos viendo últimamente, el proyecto económico-fiscal de país de la nueva coalición Unidos-Podemos es fundamental, para entender qué modelo de política económica quieren implantar en España, y también sobre qué premisas y cuáles pueden ser sus consecuencias para los españoles.

Los cálculos de los gurús económicos propios que aporta Podemos suponen una estimación de crecimiento sostenido del PIB en el entorno del 6% hasta 2019, lo que viene a suponer la estimación de un montante de más de 280.000 millones de euros respecto a 2015, algo realmente inaudito, teniendo en cuenta la evolución de nuestra economía, y esta afirmación se puede efectuar previos los antecedentes, toda vez que, ni España, ni ningún país del primer mundo han crecido en los últimos 30 años a un ritmo del 6% del PIB. Pero, además, si tenemos en cuenta la evidencia de que España no cuenta con recursos naturales que permitan pensar que de su explotación se podría incrementar el PIB de esa manera.

Pero aun contando esos recursos, habría que dudar que España pudiera generar riqueza de esa forma tan espectacular. El Producto Interior Bruto (PIB), que como todos sabemos es la suma de bienes y servicios que produce un país, y hay ejemplos de países que incluso teniendo fuentes naturales de riqueza se han arruinado simplemente por coyunturas globales y defectuosa gobernanza, tal y como podemos observar en los recientes ejemplos de Venezuela, Argentina o Nigeria. También podríamos considerar que países como Japón, con enorme riqueza y mucha mayor inversión pública, están actualmente sumidos en el estancamiento desde hace décadas.

Tal y como venimos apuntando desde el principio, la supuesta llevada a cabo de la aplicación programática del partido de Iglesias, hoy coaligado con el de Garzón, caso de obtener responsabilidades de poder tras las venideras elecciones, el primer escollo con el que se habrían de encontrar los economistas de la coalición, y que, por supuesto, no aparece en su plan actual, sería Bruselas. Como consecuencia de sus responsabilidades ante la Unión Europea, tiene unos compromisos de déficit que debe cumplir y que, como ya expusimos, no aparenta pretender llevar a cabo exhaustivamente. Por supuesto Europa, que ya está siendo flexible en el cumplimiento de déficit para España, no permitirá un cuadro como el que pinta Podemos. Pero, lo que es aún peor, este escenario nos enfrentaría a las instituciones europeas de la misma forma en la que Varoufakis afrontó en su día, y ya estamos viendo los resultados acaecidos sobre Grecia.

Como si no existiera Bruselas, Podemos construye su propuesta de gasto adicional para la legislatura (unos 96.000 millones hasta 2019), destinado a “revertir los recortes en los servicios públicos fundamentales”, justamente cuando se nos está pidiendo ajustar todavía más el descontrolado gasto, también a la puesta en marcha de programas sociales (entre ellos, un Plan de Renta Garantizada) y a inversiones públicas (Plan de Transición Energética, gasto en I+D+I,…) potenciada por una banca pública creada a partir de Bankia, Banco Mare Nostrum e ICO, lo que implicaría, para empezar, sacar de Bolsa a Bankia.

Y por si faltaba algo tenemos el problema de los déficits autonómicos, donde únicamente Canarias, Galicia y País Vasco cumplieron el objetivo de déficit público, el resto rebasó el límite. Destacan Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón, que registraron un desfase superior al 2% del PIB. Fuentes autonómicas recuerdan que, en 2014, cuando el PP gobernaba la mayoría de comunidades, sólo cuatro regiones cumplieron el objetivo de déficit público y el Ejecutivo no intervino como ahora. Montoro recordó que la Comisión Europea pidió en su último informe que el Gobierno actúe para atajar los desvíos de las comunidades autónomas españolas, pero lejos de ello, todavía reclaman mayor cantidad de financiación y, electoralmente se le sigue prometiendo de una forma totalmente irresponsable.

Si todo ello no fuese suficiente, las noticias de endeudamiento recientemente publicadas tampoco ayudan mucho que digamos, habida cuenta que en el primer cuarto del año actual, la deuda pública superó, por primera vez desde 1909, el 100% del PIB. Es decir, que el Estado debe ya más dinero que la riqueza que genera España en toda una anualidad, ya que, pese a que la economía sigue creciendo, lo hace a menor ritmo que los compromisos de pago.

Y nos queda la Seguridad Social, que también incumplió el objetivo de déficit público al registrar un desfase del 1,26% del PIB frente el límite del 0,6%. Fue el único eslabón de la administración que aumentó sus números rojos respecto a 2014. En este caso, el motivo del desvío se debe sobre todo a la sobrestimación de los ingresos que realizó el Gobierno.

Vamos a asistir durante los próximos días a una explosión de propuestas de política ficción económica y, sobre todo, de economía virtual que va a regalar los oídos a muchos incautos quienes, pese a lo universalmente caído por nuestro país, todavía creen en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, pero la virtualidad cesará a partir del 26/J y nuevamente entraremos en la práctica de la política real, y ahí estará Bruselas con el palo de la rebaja y la sanción preparada hacia la rebeldía institucionalizada. Por lo cual, lo verdaderamente factible vendrá a ser que se nos vuelva a realizar un nuevo agujero en el ya más que horadado cinturón social español, y las guirnaldas y aureolas empleadas para la fiesta, transcurran por los riachuelos de la decepción, de la misma forma que en el pueblecito madrileño ideado por Berlanga, lo fueron haciendo sus ilusos moradores cuando los americanos supuestamente portadores del tan floripondeado Plan Marshall, pasaron de lejos sin mirar siquiera a tan insignificante entidad.

Economía ficción vs. economía real, esa es la cuestión, únicamente hay que considerar la evidencia de que de la ficción no se vive.

Julián Sánchez

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